La propuesta del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, de convertir ante la ley el ejercicio de la prostitución como una actividad prohibida, ilegal y objeto de sanción, ha despertado una honda controversia en diferentes sectores sociales de la península.

El argumento principal que esgrime el gobierno es que esta práctica esclaviza a las mujeres y fomenta delitos como la trata de personas.

Sánchez debe priorizar los derechos laborales de esta comunidad, que en su mayoría mujeres, en vez de satanizarlas, opinaron analistas de prensa española.

La iniciativa ha generado malestar en vastos sectores, que la miran como una actividad más, que debe es ser regulada y no proscrita.

España es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial, aseguró Naciones Unidad en un informe.

“El 39% de los varones españoles ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales. España no es solo líder en consumo de prostitución, también es uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo”, precisa el estudio de la ONU.

No obstante esta alta demanda, en la actualidad la prostitución en España no se reconoce como empleo corriente, por tanto no está regulada por ley, y tampoco se castiga a los que ofrecen servicios sexuales por voluntad propia.

"Tenemos el ejemplo claro que la prohibición del alcohol en EE.UU., provocó el surgimiento de las mafias. Abolir la prostitución nos vulneraría en nuestra seguridad, porque ya la Policía no velará por nosotras, sino que nos perseguiría", sostuvo un colectivo de trabajadoras sexuales español.